Tema 6. Las obligaciones: Concepto y clases. Fuentes de las obligaciones. Prueba de las obligaciones. Concurrencia y prelación de créditos. Extinción de las obligaciones. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
Este tema abre el estudio del Derecho de obligaciones propiamente dicho, la parte más extensa del Código Civil (Libro IV) y una de las más preguntadas en cualquier oposición jurídica. Combina la teoría general de la obligación (concepto, elementos, clases) con las fuentes de las que nace (ley, contrato, cuasicontrato, responsabilidad extracontractual), el régimen de la prueba (hoy muy desplazado hacia la Ley de Enjuiciamiento Civil), la prelación de créditos en caso de concurrencia de varios acreedores, las seis causas de extinción enumeradas en el artículo 1156 CC (más las que el propio precepto añade en su segundo párrafo), y la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas mediante la prescripción y la caducidad. Es tema base imprescindible para entender después el contrato, la compraventa y la responsabilidad tributaria, y exige distinguir bien la prescripción civil de la prescripción tributaria (art. 66 LGT).
El artículo 1088 del Código Civil, que abre el Libro IV dedicado a las obligaciones y los contratos, define la obligación en su vertiente objetiva o de contenido, al disponer que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Se trata de una relación jurídica de carácter patrimonial (o, excepcionalmente, extrapatrimonial pero con contenido económico valorable) en cuya virtud una persona, el deudor, queda vinculada frente a otra, el acreedor, a realizar una determinada prestación, que este último tiene derecho a exigir. La obligación se caracteriza así por su estructura bipolar (un sujeto activo titular del derecho de crédito y un sujeto pasivo obligado al cumplimiento) y por la temporalidad de su existencia, en tanto que, a diferencia de los derechos reales, la obligación nace precisamente para extinguirse mediante su cumplimiento, no para perdurar indefinidamente. Aunque el artículo 1088 CC se limita a describir el contenido posible de la prestación (dar, hacer, no hacer), la doctrina completa esta noción legal definiendo la obligación como el vínculo jurídico por el cual una persona queda sujeta a realizar u omitir algo respecto a otra, que puede exigirle coactivamente su cumplimiento mediante el ejercicio de las acciones que el ordenamiento le reconoce.
Elementos de la obligación: sujetos, objeto y vínculo
Toda relación obligatoria se integra por tres elementos estructurales. Los sujetos son las personas que ocupan las dos posiciones jurídicas de la relación: el sujeto activo o acreedor, titular del derecho de crédito, y el sujeto pasivo o deudor, obligado al cumplimiento de la prestación; ambos deben ser personas determinadas o, al menos, determinables en el momento del cumplimiento (como ocurre en las obligaciones propter rem o ambulatorias, en las que la condición de deudor u acreedor se vincula a la titularidad de un derecho real sobre una cosa, transmitiéndose junto con ella). El objeto de la obligación es la prestación, esto es, la conducta concreta que el deudor debe realizar, consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa conforme al artículo 1088 CC, debiendo ser dicha prestación posible, lícita y determinada o determinable. El vínculo es el nexo jurídico que une a ambos sujetos y que constituye la esencia misma de la obligación (la sujeción del deudor y el correlativo derecho de exigir del acreedor), y que puede tener diversa intensidad, distinguiéndose entre obligaciones civiles (dotadas de plena exigibilidad coactiva) y obligaciones naturales (carentes de acción para exigir su cumplimiento, aunque lo pagado voluntariamente en su virtud no pueda repetirse).
Clases de obligaciones por su objeto: dar, hacer y no hacer
El artículo 1088 CC clasifica las obligaciones, atendiendo a la naturaleza de la prestación, en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones de dar tienen por objeto la entrega de una cosa, ya sea para transmitir su propiedad, para constituir sobre ella un derecho real limitado, o para restituirla a su dueño; cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor puede compeler al deudor a que realice la entrega, independientemente de la indemnización del art. 1101 (art. 1096 CC), y la obligación comprende la de entregar todos sus accesorios (art. 1097 CC). Las obligaciones de hacer tienen por objeto una actividad, un servicio o la realización de una obra: si el obligado a hacer no lo hiciere, se mandará ejecutar a su costa, y lo mismo si lo hiciere contraviniendo el tenor de la obligación, pudiendo además decretarse que se deshaga lo mal hecho (art. 1098 CC). Se distingue entre obligaciones personalísimas (el acreedor no puede ser compelido a recibir la prestación de un tercero cuando la calidad y circunstancias del deudor se tuvieron en cuenta, art. 1161 CC) y no personalísimas. Las obligaciones de no hacer consisten en una abstención; si el deudor ejecutare lo prohibido, se aplican las mismas consecuencias del art. 1098, incluido que se deshaga lo mal hecho (art. 1099 CC).
Obligaciones específicas y genéricas
Atendiendo al grado de determinación del objeto, se distingue entre obligaciones específicas y genéricas. La obligación específica tiene por objeto una cosa determinada e individualizada, de modo que el deudor solo cumple entregando precisamente esa cosa, y su pérdida sin culpa del deudor y antes de constituirse en mora extingue la obligación (art. 1182 CC). La obligación genérica tiene por objeto cosas determinadas solo por su especie o género; rige el principio genus nunquam perit: mientras existan cosas del mismo género el deudor no puede liberarse alegando la pérdida de las que pensaba entregar. Cuando la cosa debida sea genérica, el acreedor no puede pedir una cosa de calidad superior ni el deudor entregarla de calidad inferior (art. 1167 CC), y en la obligación genérica el acreedor puede pedir que el cumplimiento se haga a expensas del deudor (art. 1096.2 CC).
Obligaciones divisibles e indivisibles
Los artículos 1149 a 1151 del Código Civil regulan la distinción entre obligaciones divisibles e indivisibles, atendiendo a si la prestación es susceptible o no de cumplimiento parcial. Conforme al art. 1151 CC, son indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial; y son divisibles las que tienen por objeto la prestación de un número de días de trabajo, la ejecución de obras por unidades métricas u otras análogas, susceptibles de cumplimiento parcial. La divisibilidad o indivisibilidad no debe confundirse con la mancomunidad o solidaridad (art. 1149 CC): en la obligación divisible mancomunada cada deudor responde solo de su parte y cada acreedor solo puede exigir la suya; en la obligación indivisible mancomunada, todos los deudores deben concurrir al cumplimiento y, si uno falta a su compromiso, la obligación se resuelve en indemnización de daños y perjuicios (art. 1150 CC), sin que ello la convierta en solidaria.
Obligaciones simples y con pluralidad de sujetos
La obligación simple es aquella en la que interviene un único acreedor y un único deudor, siendo el supuesto más elemental de relación obligatoria. Frente a ella, las obligaciones con pluralidad de sujetos son aquellas en las que, en el lado activo, en el pasivo, o en ambos simultáneamente, concurren varias personas: pluralidad activa (varios acreedores frente a un único deudor), pluralidad pasiva (un único acreedor frente a varios deudores) o pluralidad mixta (varios acreedores y varios deudores). Cuando existe pluralidad de sujetos, resulta esencial determinar el régimen de exigibilidad del cumplimiento entre los distintos cotitulares de la posición activa o pasiva, distinguiéndose fundamentalmente entre el régimen de mancomunidad (cada acreedor solo puede exigir su parte y cada deudor solo debe la suya, regla general en Derecho español conforme al artículo 1137 CC) y el de solidaridad (cualquier acreedor puede exigir la totalidad de la prestación a cualquiera de los deudores, y el pago hecho por uno de ellos libera a los demás frente al acreedor), cuya aplicación exige, como se verá, un pacto expreso o una previsión legal específica, dado el carácter excepcional de la solidaridad en nuestro sistema.
Obligaciones mancomunadas y solidarias
El artículo 1137 del Código Civil establece la regla general: la concurrencia de dos o más acreedores o deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir, ni cada uno de estos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma; solo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria. De aquí se deduce el principio de no presunción de la solidaridad: si del texto de la obligación no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumen divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros (art. 1138 CC, mancomunidad). En la obligación solidaria, cada acreedor solidario puede exigir la totalidad a cualquiera de los deudores o a todos simultáneamente (art. 1144 CC) y el pago íntegro realizado por uno extingue la obligación frente a todos; el que hizo el pago solo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo (art. 1145 CC). La solidaridad puede derivar de pacto o de la ley (por ejemplo, la responsabilidad solidaria en materia tributaria, art. 42 LGT, o la de varios responsables civiles de un mismo daño).
Obligaciones puras, condicionales y a plazo
Atendiendo a los elementos accidentales, se distingue entre obligaciones puras, condicionales y a plazo. Es exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro e incierto, o de un suceso pasado que los interesados ignoren; también la que contenga condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución (art. 1113 CC). En las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición (art. 1114 CC): condición suspensiva (de cuyo cumplimiento depende la eficacia) y resolutoria (de cuyo cumplimiento depende la extinción de una obligación ya eficaz). El art. 1124 CC entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, pudiendo el perjudicado escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución, con resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. Las obligaciones a plazo (arts. 1125 a 1130 CC): las que tengan señalado un día cierto solo son exigibles cuando el día llegue; se entiende por día cierto el que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo; si la incertidumbre consiste en si ha de llegar o no el día, la obligación es condicional (art. 1125 CC).
Obligaciones alternativas y facultativas
Los artículos 1131 a 1136 del Código Civil regulan las obligaciones alternativas, en las que el deudor queda obligado a cumplir, entre varias prestaciones distintas e independientes entre sí, completamente una de ellas, correspondiendo la facultad de elección, salvo pacto en contrario, al deudor conforme al artículo 1132 CC (a diferencia de otros ordenamientos, en los que la elección corresponde al acreedor salvo pacto en contrario). El artículo 1136 CC precisa las reglas aplicables a la pérdida de alguna de las prestaciones alternativas por culpa del deudor, según la elección corresponda a este o al acreedor, distinguiendo diversos supuestos según sobrevivan o no otras prestaciones sobre las que pueda recaer la elección. Frente a la obligación alternativa, la obligación facultativa (no regulada expresamente en el Código Civil, pero admitida por la doctrina y la jurisprudencia en aplicación del principio de autonomía de la voluntad del artículo 1255 CC) es aquella que tiene por objeto una única prestación, concediéndose al deudor la facultad de liberarse cumpliendo, en su lugar, una prestación distinta (facultad solutoria); la diferencia práctica esencial es que, en la obligación facultativa, la pérdida por caso fortuito de la única prestación debida extingue la obligación, aunque la prestación facultativa alternativa siguiera siendo posible, lo que no ocurre en la alternativa mientras subsista alguna de las prestaciones posibles.
Fuentes de las obligaciones (art. 1089 CC): ley, contratos, cuasicontratos y actos ilícitos
El artículo 1089 del Código Civil enumera las fuentes de las obligaciones, disponiendo que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Esta clasificación, de raigambre romanista, distingue cuatro categorías: la ley, cuando es la propia norma jurídica la que impone directamente una obligación sin necesidad de un acto voluntario de asunción por el obligado (como la obligación de alimentos entre parientes); el contrato, como fuente voluntaria y consensual de obligaciones nacida del acuerdo de voluntades entre las partes; los cuasicontratos, figuras de fuente no convencional que generan obligaciones a partir de hechos lícitos y puramente voluntarios de una persona, por los que resulta obligada un tercero (gestión de negocios ajenos, cobro de lo indebido); y los actos y omisiones ilícitos en que intervenga culpa o negligencia, categoría que engloba tanto la responsabilidad civil derivada de delito o falta penal como, sobre todo, la responsabilidad civil extracontractual regulada en el artículo 1902 CC. Aunque criticada doctrinalmente por su falta de rigor sistemático, esta enumeración legal sigue siendo el punto de partida obligado del estudio de las fuentes de las obligaciones en Derecho español.
La ley como fuente de obligaciones
El artículo 1090 del Código Civil precisa el régimen de las obligaciones derivadas de la ley disponiendo que estas no se presumen; solo son exigibles las expresamente determinadas en el propio Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido, y en lo que esta no hubiere previsto, por las disposiciones generales del propio Libro IV del Código Civil. Este precepto consagra el principio de tipicidad legal de las obligaciones ex lege: a diferencia de las obligaciones contractuales, que nacen del ejercicio de la autonomía de la voluntad y pueden configurarse libremente por las partes dentro de los límites del artículo 1255 CC, las obligaciones legales requieren siempre un precepto normativo expreso que las establezca, sin que quepa presumir su existencia por analogía o por aplicación extensiva de otras obligaciones similares. Son ejemplos característicos de obligaciones legales la obligación de alimentos entre parientes (artículos 142 y siguientes CC), las obligaciones fiscales o tributarias (aunque estas se rigen primordialmente por su normativa específica, con aplicación supletoria de los principios generales de las obligaciones civiles cuando la ley tributaria no dispone otra cosa), o las obligaciones derivadas de las relaciones de vecindad.
El contrato como fuente de obligaciones
El artículo 1091 CC proclama que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos (pacta sunt servanda). Complementan el principio la libertad contractual (art. 1255 CC: los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público), la prohibición de dejar la validez y el cumplimiento del contrato al arbitrio de una de las partes (art. 1256 CC) y la eficacia limitada a las partes (art. 1257 CC). Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley (art. 1258 CC). Ninguna parte puede sustraerse unilateralmente al cumplimiento ni modificar lo pactado, salvo supuestos excepcionales (desistimiento legalmente previsto o pactado, resolución por incumplimiento del art. 1124 CC, y la aplicación jurisprudencial restrictiva de la cláusula rebus sic stantibus ante alteraciones extraordinarias e imprevisibles de las circunstancias).
Los cuasicontratos: gestión de negocios ajenos y cobro de lo indebido
El Código Civil regula, dentro de la categoría de los cuasicontratos, dos figuras concretas generadoras de obligaciones al margen de todo acuerdo de voluntades entre las partes. La gestión de negocios ajenos sin mandato, regulada en los artículos 1888 a 1894 CC, se produce cuando una persona (el gestor) se encarga voluntariamente de la gestión o administración de los negocios de otra (el dueño del negocio) sin mandato de esta, generando obligaciones recíprocas: el gestor debe desempeñar su gestión con toda la diligencia de un buen padre de familia e indemnizar los perjuicios que, por su culpa o negligencia, irrogue al dueño (artículo 1889 CC), mientras que este, si aprueba la gestión expresa o tácitamente, o si esta le hubiera sido útil, queda obligado a cumplir las obligaciones contraídas en su interés por el gestor y a indemnizarle los gastos necesarios y útiles (artículo 1893 CC). El cobro de lo indebido, regulado en los artículos 1895 a 1901 CC, genera la obligación de restituir a cargo de quien recibe alguna cosa que no tenía derecho a cobrar y que, por error, le hubiera sido indebidamente entregada (artículo 1895 CC), constituyendo el precedente histórico de la moderna doctrina general del enriquecimiento sin causa.
La responsabilidad extracontractual como fuente de obligaciones
El artículo 1902 del Código Civil establece que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Configura la responsabilidad civil extracontractual (aquiliana) como fuente autónoma de obligaciones, distinta de la contractual (que presupone un vínculo previo incumplido) y de las legales o cuasicontractuales. Sus elementos son la acción u omisión, la culpa o negligencia (atenuada por la jurisprudencia mediante la objetivación o inversión de la carga de la prueba en ámbitos de riesgo), el daño y el nexo de causalidad. Los artículos 1903 a 1910 CC regulan la responsabilidad por hecho ajeno (padres, tutores, empresarios, centros docentes) y por daños causados por animales o cosas (edificios en ruina, humos, etc.). La acción prescribe al año desde que lo supo el agraviado (art. 1968.2.º CC). Existen regímenes especiales de responsabilidad objetiva, como el de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (art. 106.2 CE y arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, con plazo de reclamación de un año, art. 67 de la Ley 39/2015), el de los daños por productos defectuosos y el del seguro obligatorio de vehículos de motor.
Medios de prueba de las obligaciones en el Código Civil
El Código Civil dedicó originariamente el Capítulo V del Título I del Libro IV (arts. 1214 a 1253) a la prueba de las obligaciones, regulando los medios probatorios: documentos públicos y privados, confesión, inspección personal del juez, testigos, peritos y presunciones. La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 derogó la mayor parte de estos preceptos, pasando la regulación procesal de los medios de prueba, su práctica y valoración a los arts. 281 y siguientes de la LEC; subsisten, no obstante, los preceptos de carácter sustantivo sobre la clasificación y eficacia de los documentos públicos y privados (arts. 1216 y ss. CC): son documentos públicos los autorizados por notario o empleado público competente con las solemnidades legales (art. 1216), y hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este (art. 1218). El documento privado reconocido legalmente tiene el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubieren suscrito (art. 1225), y su fecha no se cuenta respecto de terceros sino desde que se incorpore o inscriba en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o desde que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio (art. 1227 CC). Los preceptos de la LEC sobre fuerza probatoria de los documentos públicos y privados (arts. 319 y 326 LEC) coinciden en lo esencial.
La carga de la prueba de las obligaciones
La regla general sobre distribución de la carga de la prueba en materia de obligaciones, tradicionalmente contenida en el artículo 1214 del Código Civil (hoy derogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000), se encuentra actualmente recogida en el artículo 217 de la propia LEC, que dispone, como principio general, que corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, e incumbe al demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos alegados por el actor. Aplicado a la materia obligacional, esto se traduce en la clásica regla de que quien reclama el cumplimiento de una obligación debe probar su existencia (el nacimiento del vínculo obligatorio), mientras que quien alega haber cumplido, o la concurrencia de una causa de extinción de la obligación (pago, prescripción, compensación), soporta la carga de probar precisamente ese hecho extintivo, por aplicación del principio general de que la prueba de los hechos extintivos corresponde a quien los invoca.
Concepto de concurrencia de acreedores
La concurrencia de acreedores se produce cuando varios acreedores ostentan créditos frente a un mismo deudor cuyo patrimonio resulta insuficiente para satisfacerlos íntegramente, lo que obliga a establecer un orden de prelación. Para deudores no declarados en concurso rigen los artículos 1921 a 1929 del Código Civil y, en su caso, las reglas especiales de las leyes sectoriales (por ejemplo, el art. 77 LGT para los créditos tributarios y el art. 32 del Estatuto de los Trabajadores para los salarios). Declarado el concurso, se aplica la clasificación de créditos del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, reformado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre (que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 y creó, entre otras novedades, el procedimiento especial para microempresas): créditos contra la masa, créditos concursales privilegiados (con privilegio especial sobre bienes concretos o con privilegio general), ordinarios y subordinados. Fuera del concurso, el CC se aplica, por ejemplo, en el reparto del producto de una ejecución singular cuando concurren varios acreedores.
Prelación de créditos: concepto y finalidad
La prelación de créditos es el conjunto de reglas que determinan el orden de preferencia con que deben satisfacerse los créditos contra un mismo deudor cuando su patrimonio no basta para pagarlos a todos. El art. 1921 CC establece reglas de preferencia respecto de los bienes del deudor no hipotecados ni pignorados, a las que se remiten los artículos siguientes, que enumeran los créditos con privilegio especial sobre bienes muebles (art. 1922) o inmuebles (art. 1923) y con privilegio general (art. 1924), siendo los créditos no comprendidos en estos preceptos pagados a prorrata y sin preferencia entre sí (art. 1925 CC). La finalidad es doble: resolver el conflicto entre acreedores concurrentes de forma predecible, atendiendo a la naturaleza y garantías de cada crédito, y proteger créditos que el legislador considera merecedores de especial tutela (salarios, créditos públicos, gastos de última enfermedad y funeral). Los créditos con garantía real (hipoteca, prenda) prevalecen sobre el bien gravado.
Clasificación de los créditos: privilegiados, ordinarios y subordinados
El sistema de prelación de créditos distingue tres grandes categorías. Los créditos privilegiados son aquellos a los que la ley reconoce un derecho de preferencia de cobro sobre otros créditos, bien porque recaen específicamente sobre un bien determinado del deudor (privilegio especial), bien porque se proyectan sobre la totalidad de su patrimonio (privilegio general). Los créditos ordinarios o comunes son aquellos que no gozan de ningún privilegio ni se encuentran subordinados, cobrando a prorrata entre sí, en proporción a su respectivo importe, una vez satisfechos íntegramente los créditos privilegiados. Los créditos subordinados, categoría desarrollada fundamentalmente por la legislación concursal (aunque con cierto reflejo también en preceptos específicos del Código Civil, como los intereses de créditos ordinarios devengados tras determinado momento), son aquellos a los que la ley pospone en el orden de cobro respecto de los créditos ordinarios, por diversas razones (créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor, sanciones pecuniarias, créditos comunicados tardíamente en el concurso), cobrando solo si, tras satisfacer a los ordinarios, queda todavía patrimonio disponible, lo que en la práctica los sitúa muy próximos a la irrecuperabilidad efectiva.
Créditos con privilegio especial sobre bienes muebles e inmuebles
El artículo 1922 del Código Civil enumera los créditos con preferencia sobre determinados bienes muebles del deudor: los garantizados con prenda que esté en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor; los créditos por construcción, reparación, conservación o precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos; los de alquileres y rentas de un año sobre los bienes muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada; y los refaccionarios sobre los productos de la refacción. El artículo 1923 CC enumera los créditos con preferencia sobre determinados bienes inmuebles o derechos reales, entre ellos los créditos a favor de la Hacienda Pública en los términos y con las limitaciones que fije la legislación tributaria, los créditos hipotecarios y refaccionarios anotados e inscritos, y los anotados preventivamente en el Registro de la Propiedad en virtud de mandamiento judicial. Estos privilegios especiales se cobran, con preferencia, sobre el concreto bien al que se refieren, con carácter previo a los privilegios generales.
Créditos con privilegio general
El artículo 1924 del Código Civil enumera los créditos que, sin recaer sobre un bien concreto, gozan de preferencia sobre la generalidad de los bienes muebles e inmuebles del deudor (privilegio general), de modo que se cobran antes que los ordinarios una vez satisfechos los créditos con privilegio especial. Entre ellos figuran los créditos de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social, los de los trabajadores y otros que la ley protege (gastos de justicia en el interés común de los acreedores, última enfermedad y funeral). En materia salarial, el art. 32 del Estatuto de los Trabajadores otorga privilegio a los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional (privilegio general), y privilegio especial sobre los objetos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario. En el concurso, los créditos de Derecho público (tributarios y de la Seguridad Social) que no gocen de privilegio especial tienen privilegio general hasta el 50 por ciento de su importe, y el resto se clasifica como ordinario; las sanciones pecuniarias y los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor son créditos subordinados. Todos estos importes y clasificaciones deben contrastarse con el texto vigente del TRLC y de la LGT (art. 77).
Extinción de las obligaciones: causas del art. 1156 CC
El artículo 1156 del Código Civil enumera como causas de extinción de las obligaciones: el pago o cumplimiento; la pérdida de la cosa debida; la condonación de la deuda; la confusión de los derechos de acreedor y deudor; la compensación; y la novación. Su párrafo segundo añade que también se extinguen las obligaciones por la anulación o rescisión, por el cumplimiento de la condición resolutoria y por la prescripción. La enumeración se completa con otras figuras que producen efecto extintivo: la resolución por incumplimiento de las obligaciones recíprocas (art. 1124 CC), la rescisión (arts. 1290 y ss. CC), la nulidad y anulabilidad del contrato, el mutuo disenso y la prescripción extintiva, que técnicamente extingue la acción más que la obligación (que subsiste como obligación natural). En materia tributaria, la deuda tributaria se extingue por pago, prescripción, compensación o condonación (art. 59 LGT), y la condonación solo puede hacerse en virtud de ley (art. 75 LGT).
El pago o cumplimiento como forma de extinción
El pago o cumplimiento (arts. 1157 a 1181 CC) es la causa normal de extinción: la realización exacta de la prestación debida. Según el art. 1157 CC, no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. De él derivan los principios de identidad (el deudor no puede obligar al acreedor a recibir otra cosa diferente, aunque fuere de igual o mayor valor, art. 1166 CC) e integridad (no puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones, salvo que el contrato lo autorice; si la deuda tiene parte líquida y parte ilíquida, puede exigirse el pago de la líquida sin esperar a liquidar la otra, art. 1169 CC). Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento, lo conozca o no el deudor (art. 1158 CC), y debe hacerse a la persona en cuyo favor estuviere constituida la obligación o a otra autorizada para recibirla (art. 1162 CC). Las deudas de dinero deben pagarse en la especie pactada; la entrega de pagarés, letras de cambio u otros documentos mercantiles solo produce los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados (art. 1170 CC). El lugar del pago es el designado en la obligación y, en su defecto, el lugar donde existía la cosa en el momento de constituirse la obligación si se trata de cosa determinada, o el domicilio del deudor en los demás casos (art. 1171 CC). Si el acreedor se niega sin razón a recibir el pago, el deudor queda libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida (art. 1176 CC).
La pérdida de la cosa debida
El artículo 1182 del Código Civil dispone que quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando esta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse constituido este en mora. Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1096 CC (art. 1183 CC). El art. 1184 CC libera también al deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible. Si la cosa se pierde por culpa del deudor o después de constituido en mora, la obligación se transforma en obligación de indemnizar daños y perjuicios (art. 1101 CC). Cuando la deuda de cosa cierta y determinada procediere de delito o falta, el deudor no se exime del pago de su precio cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida, salvo que, ofrecida la devolución, el acreedor sin razón la rehusare (art. 1185 CC).
La condonación de la deuda
La condonación, regulada en los artículos 1187 a 1191 del Código Civil, es el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente a exigir el cumplimiento total o parcial de su crédito. Puede ser expresa o tácita y ambas están sujetas a los preceptos que determinan la inoficiosidad de las donaciones (art. 1187 CC). La entrega voluntaria por el acreedor al deudor del documento privado en que consta la deuda implica la renuncia de la acción que el primero tenía contra el segundo (art. 1188 CC), y siempre que el documento de crédito se halle en poder del deudor se presumirá que el acreedor se lo entregó voluntariamente, salvo prueba en contrario (art. 1189 CC). La condonación de la deuda principal extingue las obligaciones accesorias, pero la de estas deja subsistente la principal (art. 1190 CC). Se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se hallare en poder del deudor (art. 1191 CC). En el ámbito tributario, las obligaciones tributarias solo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en ella se determinen (art. 75 LGT).
La confusión de derechos
La confusión, regulada en los artículos 1192 a 1194 del Código Civil, es la causa de extinción que se produce cuando se reúnen en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor de una misma obligación (art. 1192 CC). La confusión que recae en la persona del deudor o del acreedor principal aprovecha a los fiadores; la que se verifica en cualquiera de estos no extingue la obligación (art. 1193 CC). Si cesa la confusión, revive la obligación primitiva (art. 1194 CC). Cuando la confusión se produce por título de herencia, no tiene lugar si el heredero acepta a beneficio de inventario, porque este produce la separación de patrimonios: el heredero conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera contra el difunto y no se confunden para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes particulares con los de la herencia (art. 1023 CC).
La compensación de créditos
La compensación, regulada en los artículos 1195 a 1202 del Código Civil, se produce cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la condición de acreedores y deudores recíprocamente, extinguiéndose ambas deudas en la cantidad concurrente (art. 1195 CC). El art. 1196 CC exige: que cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea a la vez acreedor principal del otro; que ambas deudas consistan en cantidad de dinero o, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y calidad; que las dos deudas estén vencidas; que sean líquidas y exigibles; y que sobre ninguna haya retención o contienda promovida por terceros y notificada al deudor. Concurriendo estos requisitos, la compensación opera ipso iure, extinguiéndose una y otra deuda en la cantidad concurrente desde que ambas coexisten (art. 1202 CC), aunque normalmente deba ser invocada en el proceso. En el ámbito tributario, las deudas a favor de la Hacienda Pública pueden extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por la Administración a favor del deudor, de oficio o a instancia del obligado (arts. 71 a 73 LGT).
La novación de las obligaciones
La novación, regulada en los artículos 1203 a 1213 del Código Civil, es el negocio por el cual las partes de una obligación preexistente acuerdan modificarla o sustituirla por otra. El art. 1203 CC enumera las formas: variando su objeto o sus condiciones principales, sustituyendo la persona del deudor, o subrogando a un tercero en los derechos del acreedor. La novación que sustituye un nuevo deudor al primitivo puede hacerse sin conocimiento de este, pero no sin consentimiento del acreedor (art. 1205 CC). Se distingue la novación modificativa (subsiste la obligación con las modificaciones, manteniendo garantías) de la extintiva (extingue la primitiva y da lugar a una nueva, con la consiguiente extinción de las obligaciones accesorias salvo que aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento, art. 1207 CC). Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles (art. 1204 CC), lo que establece una presunción a favor de la novación meramente modificativa en caso de duda.
La influencia del tiempo en las relaciones jurídicas: la prescripción
El transcurso del tiempo constituye, junto a los negocios jurídicos y los hechos naturales, uno de los grandes factores que el Derecho toma en consideración para atribuir, modificar o extinguir situaciones jurídicas, dando lugar fundamentalmente a dos instituciones: la prescripción (tanto adquisitiva o usucapión, ya estudiada en sede de derechos reales, como extintiva) y la caducidad. La prescripción extintiva, regulada en los artículos 1961 y siguientes del Código Civil, es la institución en cuya virtud el transcurso de un determinado periodo de tiempo, unido a la inactividad del titular de un derecho o de una acción, produce la pérdida de la posibilidad de exigir su ejercicio o cumplimiento coactivo, aunque el derecho subyacente no se extinga técnicamente (subsiste como obligación natural, susceptible de cumplimiento voluntario válido, aunque no exigible). El fundamento de esta institución se encuentra en razones de seguridad jurídica y de certeza en el tráfico: el ordenamiento no puede mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de obligaciones antiguas, pues ello generaría una situación de incertidumbre perpetua incompatible con la estabilidad de las relaciones jurídicas y con las dificultades probatorias que el paso del tiempo inevitablemente ocasiona.
Concepto y fundamento de la prescripción extintiva
El artículo 1961 del Código Civil formula el principio general de la prescripción extintiva: las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. Opera por el transcurso del plazo unido a la inactividad del titular, sin necesidad de otro requisito, y debe ser alegada por el interesado (no se aprecia de oficio en el ámbito civil). Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción ganada, pero no al derecho de prescribir para lo sucesivo (art. 1935 CC). Plazos principales: acciones personales que no tengan señalado término especial, cinco años (art. 1964.2 CC), plazo reducido desde los quince años por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, con régimen transitorio propio para las acciones nacidas antes de su entrada en vigor; acciones hipotecarias, veinte años (art. 1964.1 CC); acciones reales sobre bienes inmuebles, treinta años (art. 1963 CC) y sobre bienes muebles, seis años (art. 1962 CC); pensiones, rentas e intereses, cinco años (art. 1966 CC); y un año para la acción de responsabilidad extracontractual del art. 1902 (art. 1968.2.º CC). El fundamento es la seguridad jurídica y las dificultades probatorias del paso del tiempo.
Cómputo de los plazos de prescripción y su interrupción
El cómputo del plazo se inicia, como regla general conforme al artículo 1969 CC, desde el día en que pudieron ejercitarse las acciones correspondientes, salvo disposición especial (como la de responsabilidad extracontractual, cuyo plazo de un año se computa desde que lo supo el agraviado, según la jurisprudencia desde que se conoce el daño y su alcance definitivo). El artículo 1973 CC dispone que la prescripción se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. El efecto de la interrupción es borrar el tiempo transcurrido y comenzar a computar de nuevo todo el plazo, a diferencia de la suspensión, que detiene el cómputo y lo reanuda después. En la prescripción tributaria, el plazo es de cuatro años para determinar la deuda mediante la oportuna liquidación, exigir el pago de las deudas liquidadas, solicitar devoluciones y reconocer o liquidar créditos a favor del obligado (art. 66 LGT); se interrumpe por las actuaciones de la Administración y del obligado previstas en el art. 68 LGT, y se aplica de oficio, incluso si se ha pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque el obligado (art. 69.2 LGT).
La caducidad: concepto y diferencias con la prescripción
La caducidad es una institución próxima a la prescripción, pues supone la pérdida de un derecho o de una facultad por el transcurso de un plazo, pero presenta diferencias sustanciales. El Código Civil no contiene una teoría general de la caducidad, que ha sido elaborada por la doctrina y la jurisprudencia a partir de preceptos que fijan plazos de esa naturaleza (por ejemplo, los cuatro años de la acción de anulabilidad del art. 1301 CC, o los nueve días del retracto legal del art. 1524 CC). Diferencias: la caducidad no admite interrupción (el plazo corre de forma fatal, salvo que la ley disponga otra cosa); afecta normalmente a derechos potestativos o de configuración (impugnación, opción, retractos) más que a derechos de crédito; y se aprecia de oficio por los tribunales, sin necesidad de que la alegue la parte, mientras que la prescripción debe ser invocada por el interesado. El cómputo civil de los plazos se rige por el art. 5 CC: los señalados por días se cuentan sin excluir los inhábiles, salvo que se disponga otra cosa, y los fijados por meses o años se computan de fecha a fecha.
Prescripción civil y prescripción tributaria: comparación
Prescripción civil: se alega por el interesado, no se aprecia de oficio; plazo general de acciones personales de cinco años (art. 1964.2 CC); interrupción por ejercicio judicial, reclamación extrajudicial o reconocimiento de deuda (art. 1973 CC). Prescripción tributaria (LGT): plazo de cuatro años (art. 66); cómputo según el art. 67; interrupción por actuaciones de la Administración y del obligado (art. 68); extensión de los efectos a los distintos obligados (art. 69.1); se aplica de oficio, incluso tras el pago (art. 69.2); efectos del art. 70 sobre las obligaciones formales y las obligaciones conexas. Esta diferencia es de las más preguntadas en pruebas de Hacienda.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 1088 CC: toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer; distinguir obligación específica (perece con caso fortuito antes de la mora, art. 1182 CC) de genérica (genus nunquam perit; no se puede exigir ni entregar cosa de calidad superior o inferior a la media, art. 1167 CC).
Art. 1137 CC: en Derecho civil español la solidaridad NUNCA se presume; la regla por defecto ante pluralidad de sujetos es la mancomunidad (cada uno responde/cobra solo su parte, art. 1138 CC).
Distinguir condición (acontecimiento futuro e incierto) de término/plazo (acontecimiento futuro y CIERTO, aunque se ignore cuándo); la condición puede ser suspensiva o resolutoria (art. 1124 CC la presupone implícita en las obligaciones recíprocas).
En las obligaciones alternativas la elección corresponde al DEUDOR salvo pacto en contrario (art. 1132 CC) — a diferencia de otros ordenamientos.
Art. 1089 CC: cuatro fuentes de las obligaciones — ley, contratos, cuasicontratos, actos/omisiones ilícitos con culpa o negligencia.
Art. 1090 CC: las obligaciones legales NO se presumen, requieren precepto expreso (tipicidad legal), a diferencia de las contractuales.
Art. 1091 CC: pacta sunt servanda — el contrato tiene fuerza de ley entre las partes.
Cuasicontratos regulados expresamente en el CC: gestión de negocios ajenos sin mandato (arts. 1888-1894) y cobro de lo indebido (arts. 1895-1901), antecedentes del enriquecimiento sin causa.
Art. 1902 CC: cláusula general de responsabilidad extracontractual (acción u omisión + culpa/negligencia + daño + nexo causal) — el precepto más citado del Derecho de daños español.
La mayor parte de los artículos del CC sobre PRUEBA de las obligaciones (antiguos arts. 1214 y ss.) fueron derogados por la LEC 1/2000; hoy la carga de la prueba se rige por el art. 217 LEC, no por el CC.
Prelación de créditos (arts. 1921-1929 CC): privilegio especial (sobre un bien concreto, arts. 1922-1923 CC) vs. privilegio general (sobre todo el patrimonio, art. 1924 CC) vs. créditos ordinarios (a prorrata) vs. subordinados (últimos en cobrar, desarrollo concursal).
Fuera de concurso rige el CC (arts. 1921 y ss.); declarado el concurso, se aplica el Texto Refundido de la Ley Concursal (RDLeg 1/2020), con clasificación propia aunque de lógica similar.
Art. 1156 CC: seis causas de extinción (pago, pérdida de la cosa debida, condonación, confusión, compensación, novación) y, según su párrafo segundo, también la anulación o rescisión, el cumplimiento de la condición resolutoria y la prescripción. Faltan en la lista principal la resolución del art. 1124 y el mutuo disenso.
Art. 1157 CC (el pago exige entrega completa), art. 1166 CC (identidad: no se puede obligar a recibir otra cosa) y art. 1169 CC (integridad: no se puede obligar a recibir pagos parciales, salvo pacto).
Beneficio de inventario (art. 1023 CC): la confusión no se produce porque el heredero conserva sus derechos contra la herencia y no se confunden los patrimonios.
Art. 1196 CC: requisitos de la compensación — reciprocidad de deudas principales, dinero o cosas fungibles de igual especie/calidad, ambas vencidas, líquidas y exigibles, sin retención de tercero notificada.
Distinguir novación modificativa (subsiste la obligación con cambios, se mantienen garantías) de novación extintiva (nace obligación nueva, se extinguen garantías salvo pacto, art. 1207 CC); el art. 1204 CC presume la modificativa salvo declaración terminante o incompatibilidad total.
Art. 1964 CC: el plazo general de prescripción de acciones personales es de 5 años (reducido desde 15 por la Ley 42/2015, de 5 de octubre); acciones hipotecarias, 20 años (art. 1964.1).
Art. 1968.2º CC: la acción de responsabilidad extracontractual prescribe al año, computado desde que el agraviado tuvo conocimiento del daño y de su alcance definitivo (no desde el hecho dañoso).
Art. 1973 CC: causas de interrupción de la prescripción — ejercicio ante tribunales, reclamación extrajudicial, reconocimiento de deuda por el deudor; la interrupción borra todo el plazo transcurrido y lo reinicia por completo (a diferencia de la mera suspensión).
Diferencias caducidad/prescripción: la caducidad no admite interrupción (plazo fatal), suele afectar a derechos potestativos, y puede apreciarse de oficio por el tribunal; la prescripción debe alegarla la parte interesada.
Art. 1193 CC: la confusión en la persona del deudor o del acreedor principal aprovecha a los fiadores; la que se verifica en el fiador no extingue la obligación.
Art. 1191 CC: se presume remitida la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada se halla en poder del deudor tras haber sido entregada al acreedor.
Art. 1166 CC (identidad del pago), art. 1158 CC (puede pagar cualquier persona), art. 1176 CC (consignación si el acreedor se niega sin razón).
Prescripción tributaria: 4 años (art. 66 LGT) y se aplica de oficio (art. 69.2 LGT); en el ámbito civil debe alegarse por el interesado.
Art. 59 LGT: la deuda tributaria se extingue por pago, prescripción, compensación o condonación; la condonación solo por ley (art. 75 LGT).
Art. 1962 CC (acciones reales muebles, 6 años), art. 1963 CC (inmuebles, 30 años), art. 1966 CC (pensiones, rentas e intereses, 5 años).
Concurso: TRLC (RDLeg 1/2020) reformado por la Ley 16/2022; los créditos públicos tienen privilegio general hasta el 50 % de su importe.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
El art. 1089 CC enumera como fuentes de las obligaciones:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Hacienda (AEAT)?
Este tema abre el estudio del Derecho de obligaciones propiamente dicho, la parte más extensa del Código Civil (Libro IV) y una de las más preguntadas en cualquier oposición jurídica. Combina la teoría general de la obligación (concepto, elementos, clases) con las fuentes de las que nace (ley, contrato, cuasicontrato, responsabilidad extracontractual), el régimen de la prueba (hoy muy desplazado hacia la Ley de Enjuiciamiento Civil), la prelación de créditos en caso de concurrencia de varios acreedores, las seis causas de extinción enumeradas en el artículo 1156 CC (más las que el propio precepto añade en su segundo párrafo), y la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas mediante la prescripción y la caducidad. Es tema base imprescindible para entender después el contrato, la compraventa y la responsabilidad tributaria, y exige distinguir bien la prescripción civil de la prescripción tributaria (art. 66 LGT).
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
Art. 1088 CC: toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer; distinguir obligación específica (perece con caso fortuito antes de la mora, art. 1182 CC) de genérica (genus nunquam perit; no se puede exigir ni entregar cosa de calidad superior o inferior a la media, art. 1167 CC). Art. 1137 CC: en Derecho civil español la solidaridad NUNCA se presume; la regla por defecto ante pluralidad de sujetos es la mancomunidad (cada uno responde/cobra solo su parte, art. 1138 CC). Distinguir condición (acontecimiento futuro e incierto) de término/plazo (acontecimiento futuro y CIERTO, aunque se ignore cuándo); la condición puede ser suspensiva o resolutoria (art. 1124 CC la presupone implícita en las obligaciones recíprocas). En las obligaciones alternativas la elección corresponde al DEUDOR salvo pacto en contrario (art. 1132 CC) — a diferencia de otros ordenamientos. Art. 1089 CC: cuatro fuentes de las obligaciones — ley, contratos, cuasicontratos, actos/omisiones ilícitos con culpa o negligencia. Art. 1090 CC: las obligaciones legales NO se presumen, requieren precepto expreso (tipicidad legal), a diferencia de las contractuales. Art. 1091 CC: pacta sunt servanda — el contrato tiene fuerza de ley entre las partes. Cuasicontratos regulados expresamente en el CC: gestión de negocios ajenos sin mandato (arts. 1888-1894) y cobro de lo indebido (arts. 1895-1901), antecedentes del enriquecimiento sin causa. Art. 1902 CC: cláusula general de responsabilidad extracontractual (acción u omisión + culpa/negligencia + daño + nexo causal) — el precepto más citado del Derecho de daños español. La mayor parte de los artículos del CC sobre PRUEBA de las obligaciones (antiguos arts. 1214 y ss.) fueron derogados por la LEC 1/2000; hoy la carga de la prueba se rige por el art. 217 LEC, no por el CC. Prelación de créditos (arts. 1921-1929 CC): privilegio especial (sobre un bien concreto, arts. 1922-1923 CC) vs. privilegio general (sobre todo el patrimonio, art. 1924 CC) vs. créditos ordinarios (a prorrata) vs. subordinados (últimos en cobrar, desarrollo concursal). Fuera de concurso rige el CC (arts. 1921 y ss.); declarado el concurso, se aplica el Texto Refundido de la Ley Concursal (RDLeg 1/2020), con clasificación propia aunque de lógica similar. Art. 1156 CC: seis causas de extinción (pago, pérdida de la cosa debida, condonación, confusión, compensación, novación) y, según su párrafo segundo, también la anulación o rescisión, el cumplimiento de la condición resolutoria y la prescripción. Faltan en la lista principal la resolución del art. 1124 y el mutuo disenso. Art. 1157 CC (el pago exige entrega completa), art. 1166 CC (identidad: no se puede obligar a recibir otra cosa) y art. 1169 CC (integridad: no se puede obligar a recibir pagos parciales, salvo pacto). Beneficio de inventario (art. 1023 CC): la confusión no se produce porque el heredero conserva sus derechos contra la herencia y no se confunden los patrimonios. Art. 1196 CC: requisitos de la compensación — reciprocidad de deudas principales, dinero o cosas fungibles de igual especie/calidad, ambas vencidas, líquidas y exigibles, sin retención de tercero notificada. Distinguir novación modificativa (subsiste la obligación con cambios, se mantienen garantías) de novación extintiva (nace obligación nueva, se extinguen garantías salvo pacto, art. 1207 CC); el art. 1204 CC presume la modificativa salvo declaración terminante o incompatibilidad total. Art. 1964 CC: el plazo general de prescripción de acciones personales es de 5 años (reducido desde 15 por la Ley 42/2015, de 5 de octubre); acciones hipotecarias, 20 años (art. 1964.1). Art. 1968.2º CC: la acción de responsabilidad extracontractual prescribe al año, computado desde que el agraviado tuvo conocimiento del daño y de su alcance definitivo (no desde el hecho dañoso). Art. 1973 CC: causas de interrupción de la prescripción — ejercicio ante tribunales, reclamación extrajudicial, reconocimiento de deuda por el deudor; la interrupción borra todo el plazo transcurrido y lo reinicia por completo (a diferencia de la mera suspensión). Diferencias caducidad/prescripción: la caducidad no admite interrupción (plazo fatal), suele afectar a derechos potestativos, y puede apreciarse de oficio por el tribunal; la prescripción debe alegarla la parte interesada. Art. 1193 CC: la confusión en la persona del deudor o del acreedor principal aprovecha a los fiadores; la que se verifica en el fiador no extingue la obligación. Art. 1191 CC: se presume remitida la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada se halla en poder del deudor tras haber sido entregada al acreedor. Art. 1166 CC (identidad del pago), art. 1158 CC (puede pagar cualquier persona), art. 1176 CC (consignación si el acreedor se niega sin razón). Prescripción tributaria: 4 años (art. 66 LGT) y se aplica de oficio (art. 69.2 LGT); en el ámbito civil debe alegarse por el interesado. Art. 59 LGT: la deuda tributaria se extingue por pago, prescripción, compensación o condonación; la condonación solo por ley (art. 75 LGT). Art. 1962 CC (acciones reales muebles, 6 años), art. 1963 CC (inmuebles, 30 años), art. 1966 CC (pensiones, rentas e intereses, 5 años). Concurso: TRLC (RDLeg 1/2020) reformado por la Ley 16/2022; los créditos públicos tienen privilegio general hasta el 50 % de su importe.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Código Civil, Libro IV, Título I (arts. 1088-1213), arts. 1902-1910, 1921-1929 y 1930-1975.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 217 y 281 y ss.).
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, texto refundido de la Ley Concursal, y Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 32).
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 42, 59, 66-75 y 77).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32 y ss.) y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (art. 67).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).